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DENUNCIAS

Crónica de la detención de un contrarrevolucionario

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Sacado de su casa, esposado, encerrado en un calabozo y multado gracias a un Decreto-ley firmado por Díaz-Canel. Así fue el pasado 6 de febrero para el periodista de DIARIO DE CUBA Boris González Arenas.

BORIS GONZÁLEZ ARENAS

La Habana 11 Feb 2020 – 12:11 CET

El jueves 6 de febrero el timbre de mi casa sonó hacia las tres de la tarde. Anunciaba la llegada de tres supuestos policías que venían para que los acompañara. Tres policías son muchos para una labor tan cotidiana. Venían vestidos de civil y sin orden de detención. Sabían, claro, que no iría con ellos, y tenían la orientación de sacarme a la fuerza de mi casa, donde yo me encontraba con mi esposa y su mamá, una mujer de 68 años.

Hacer sufrir el dolor de ver a un familiar reducido a la fuerza, golpeado, esposado e inmovilizado, todo a la vez, era uno de los objetivos. Poco menos que arrastrado me llevaron por toda una cuadra porque, a la manera de los delincuentes, evitaron acercar la patrulla policial a mi casa para, según palabras del que dirigía aquello, “que no nos vean delante del edificio”.

Me metieron en una celda para cuatro personas en la estación policial de Zapata y C. Cubierta de orine en lo que funcionaba como baño, y con un líquido sanguinolento corriendo a un costado de una de las dos literas de mampostería. El piso estaba asqueroso, lo que sucede a menudo. La pared, llena de letreros antiguos cubiertos por la pintura blanca, tenía otros nuevos. Uno de ellos decía “Fábrica de arte” y a medio concluir estaba el nombre del cantante X Alfonso, relacionado de algún modo con esa institución. Me llamó la atención porque la Fábrica de Arte es conocida como un área de diversión más bien de la farándula habanera, algo que no se corresponde con el tipo de personas que uno asocia al ambiente carcelario. Si al yo entrar había cinco personas, al momento de salir por primera vez, cerca de una hora después, contaba unas doce. Las razones de estar ellos allí alternaban entre la llamada “peligrosidad predelictiva”, problemas con un teléfono móvil, o el delito de amenaza. De telón de fondo, el racismo.

La peligrosidad predelictiva, una figura legal que permite recluir a personas sin que cometan delitos, facilita a los policías ejercer con desenfreno sus prejuicios raciales. Por supuesto que no son la totalidad de ellos, pero sí suficientes para llenar la celda en que me encontraba. Mi primera salida fue para ser llevado frente a un supuesto inspector del Ministerio de Comunicaciones, cuyo nombre soy incapaz de reproducir, pero que podría ser Yosedandy, Yordenady o Yohanderandy, o no ser ninguno de ellos, pero parecerse. Lo llamaré Yosealgo. Si hubiera, como es su deber, puesto su nombre y dos apellidos en el Acta de infracción, no tendría que acudir a estas peripecias. Sus apellidos eran Palacio Palacios, así, una conjunción de lo singular y lo plural, según decía en su identificación.

Su función era aplicar los artículos 70 y 71 del Decreto-Ley 370, que en lenguaje llano quiere decir decomisar mi teléfono e imponerme 3.000 pesos de multa. Eso, por “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, que es la contravención definida en el inciso i del artículo 68 del documento, emitido en 2019.

No soy una excepción en el afán castrista de alejar a los defensores de derechos humanos de su principal herramienta de denuncias. El pasado 27 de enero, Manuel Cuesta Morúa fue detenido por unas horas. Le retiraron su teléfono y al devolvérselo le habían roto la conexión para recargarlo y transferir datos. Meses atrás, a Oscar Casanella le devolvieron su teléfono desarmado a golpes luego de una detención. José Díaz Silva, el coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), puede haber perdido la cuenta de los teléfonos que le ha robado el castrismo. La aplicación de este Decreto-Ley, firmado por Miguel Díaz-Canel, es una forma más sofisticada de reproducir la manía. Pocos días antes había leído en las redes sociales que Nancy Alfaya, activista por los derechos de la mujer, sufrió la misma suerte. Mientras escribo esto, la periodista Iliana Hernández comunica que con el mismo pretexto le quitan su computadora y teléfono, con multa añadida. Desconozco si Yosealgo ha sido el inspector protagónico en todos los casos.

En el segundo acto, entró Adiel Félix García Sánchez, jefe de sector del barrio en que resido. Adiel Félix es un policía importado de alguna provincia que desconozco. No creo que llegue a los treinta años.

Tiene una sonrisa soberbia y un hablar pausado que le permite pronunciar, socarrón, casi siempre la misma frase “Boris, nos volvemos a ver las caras”. Sigo de largo, no sin especificar que también él me multó por no asistir a citaciones y levantó un acta de advertencia. La segunda que me hacen en mi vida, ambas de su puño y treta.

Inmediatamente después me dejó en libertad, sin dudas contra lo planificado por los agentes de la Seguridad del Estado que permanecían en las afueras de la Unidad. Cruzamos nuestras miradas cuando salí, Yosealgo hablaba con ellos. Inmediatamente volvieron sobre mí y me condujeron a la misma celda, con toda suerte de amenazas.

Foto: González Arenas en una detención anterior. EFE

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